LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS SOCIALES A ESCALA EUROPEA: DE LA CONFRONTACION «PRESENTE» A LA
INELUDIBLE INTEGRACIÓN «FUTURA»
Publicado en la
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 137, 2018
Mª Carmen Salcedo Beltrán
Profesora Titular de Universidad
Departamento Derecho del Trabajo y Seguridad
Social. Universidad de Valencia
Resumen
Un gran
número de países europeos se declaran en sus Constituciones como Estados
sociales y democráticos de derecho o han insertado menciones que sitúan lo «social» en eje fundamental de su
existencia y funcionamiento. En la actualidad, se puede afirmar, con carácter
general, que se quedan en un plano teórico, no reflejándose en el práctico,
como llevan constatándolo la mayoría de las organizaciones internacionales.
En ese
sentido, destaca el Consejo de Europa, en concreto y subrayo la referencia, el
Comité Europeo de Derechos Sociales, encargado de la verificación del
cumplimiento y respeto de la Carta Social Europea, la Constitución Social de Europa, el Tratado más importante e insisto
«eficaz» existente en la actualidad
para la defensa de los derechos sociales. Lamentablemente, esta identificación
no es compartida, mostrando con cuatro ejemplos que el escenario internacional,
lejos de estar coordinado y enriquecerse mutuamente, presenta incoherencias y
tensiones, originadas en la resistencia a admitir esa realidad.
En
particular, la UE y sus directrices o resoluciones a través de sus
instituciones, son el primer supuesto que se analiza, respecto a la
caracterización de los períodos de guardia localizada y las medidas de
austeridad. La elección de estos dos temas se justifica, por un lado, en el
interés que recientemente ha suscitado el primero, tras un pronunciamiento del
TJUE, que no supone un giro jurisprudencial en la interpretación hasta ese
momento mantenida. Y, por otro lado, si bien el segundo es más conocido por las
decisiones de fondo que adoptó el CEDS en el año 2012, no lo es la última
publicada a mediados de 2017, que presenta unas peculiaridades a valorar, entre
otras, la participación en el procedimiento de la Comisión Europea para
respaldar al país y la alegación, con la finalidad de evitar la condena, de
justificar la restricción o supresión de derechos sociales en la preservación
del orden público en una sociedad democrática.
La divergente resolución de los conflictos similares aludidos, en los
que el CEDS, de nuevo, ha fijado un estándar de protección más elevado,
conlleva la existencia de «dos Europas», con una convivencia
complicada. Si esto es censurable, el problema se agudiza por la presencia de
semejantes discrepancias en el seno del Consejo de Europa, entre el TEDH y el
CEDS, explicada también con dos casos, el derecho de huelga del personal de la
policía y, de nuevo, las reformas para hacer frente a la crisis. Esta situación
interna es aprovechada y astutamente utilizada por las instituciones
comunitarias y los Estados condenados, en los supuestos en que presentan puntos
en común con el primero de ellos, para deslegitimar aún más la CSE y, por ende,
a su órgano.
Con ello, el
panorama internacional que se contempla, a mi modo de ver, es el de «tres Europas». La ausencia de
uniformidad entre los tres organismos dificulta la construcción de una Europa
social armonizada con estándares de protección equivalentes. En principio, es
un objetivo a alcanzar, desprovisto de interés si se atiende a los asuntos
referenciados.
Mientras esto
continúe, la solución que se propone es la de aceptar la existencia de
diferentes niveles de protección compatibles,
complementarios y de inexcusable cumplimiento por todos los sujetos implicados. La oposición y
rechazo a esto por parte de los responsables gubernamentales se debe superar en
el ámbito judicial, resaltando la trascendental y ejemplarizante doctrina de la
primera y segunda instancia judicial, fundamentada en la articulación
jerárquica de las fuentes, el principio de favor
libertatis y el control de convencionalidad.
Los progresos en
este sentido son más que notables, no sólo en nuestro país, sino también en el
resto, demostrando que, no sólo es factible, sino que, además, es la obligada y
correcta ordenación de las normas, examinando los supuestos de España y Grecia.
En cuanto a la
primera, se relata el estado de la cuestión desde que en el año 2013 se emitió la primera sentencia del orden jurisdiccional
social que resolvió una demanda favorable con fundamento en un precepto del
Tratado (art. 4.4 de la CSE) y la jurisprudencia emitida en torno a la
delimitación de su contenido por el CEDS, específicamente por lo que se refiere
a la duración de un año del período de prueba del contrato de apoyo a
emprendedores. Lejos de estar ante un pronunciamiento aislado, le siguieron
otras sentencias a lo largo de los años 2014 y 2015, no sólo en asuntos que
abordaron el mismo conflicto sino también en otros, en concreto, la
desvinculación de la revalorización pensiones atendiendo al índice de precios
al consumo (art. 12.3 de la CSE) y la caracterización de las guardias
localizadas como tiempo de trabajo (art. 2.1 de la CSE). En este sentido, de
forma particularizada, se analiza la emitida en relación con el último tema
(SJS nº 3 de Barcelona de 27 de octubre de 2015) como modelo de impecable y
adecuado entendimiento de la materia, que, a pesar de su relevancia, ha tenido
escasa repercusión.
Aunque algunos de los pronunciamientos de primera instancia han sido
revocados por la siguiente, más remisa al reconocimiento del efecto “self-executing” de los Tratados y, mucho
más, de la CSE, durante el año 2016 y principios del 2017 algunos Tribunales
Superiores de Justicia han continuado la interpretación, fallando de forma
categórica en cuanto a su vinculación, efecto directo, así como la
consideración como “jurisprudencia”
de los pronunciamientos del CEDS.
El artículo finaliza
con el examen de la primera sentencia que en Grecia ha seguido la línea
apuntada de nuestro país, la nº 3220/2017 del Tribunal de Primera Instancia de
El Pireo, trascendental, histórica y sin precedentes al concluir de forma
contundente que, tras la ratificación de la versión revisada, el despido sin causa es incompatible con el art. 24 de la CSE y, que,
a partir de ese momento, los tribunales deberán, en cada supuesto que se les
someta, verificar la existencia de un motivo y, en su ausencia, considerarlo
como nulo y sin efectos por vulnerar la norma jerárquicamente superior.
Abstract
A large number of European countries declare
themselves in their Constitutions as social
and democratic states of law or have inserted mentions that place the
«social» as the fundamental axis of their existence and functioning. At
present, generally speaking, they remain
on a theoretical level, not reflected in the practical one, as most
international organizations have noted.
In this regard, the Council of Europe particularly
stands out and I stress the reference, the European Committee of Social Rights
(ECSR), in charge of verifying compliance with and respect for the European
Social Charter, the Social Constitution of Europe, the most important and, I
insist, «effective» Treaty in force at present for the defence of social rights.
Unfortunately, this identification is not shared, showing with four examples
that the international scenario, far from being coordinated and mutually
enriching, presents inconsistencies and tensions, originated in the resistance
to admit that reality.
In particular, the EU and its guidelines or
resolutions through its institutions are the first point being analysed, with
respect to the characterization of periods of localized guard and austerity
measures. The choice of these two issues is due, on the one hand, to the
interest that the first has recently aroused, following a pronouncement by the CJEU
which does not imply a jurisprudential turn in the interpretation maintained up
to that moment. And, on the other hand, although the second one is better known
for the fundamental decisions adopted by the ECSR in 2012, it is not the last
one published in mid-2017, which presents some peculiarities to be valued;
among them, the participation in the procedure of the European Commission to
support the country and the allegation, in order to avoid conviction, to
justify the restriction or suppression of social rights in the preservation of
public order in a democratic society.
The divergent resolution of the aforementioned similar
conflicts, in which the ECSR, once again, has set a higher standard of
protection, entails the existence of «two Europes»,
with a complicated coexistence. If this is
reprehensible, the problem is worsened by the presence of similar discrepancies
within the Council of Europe, between the ECHR and the ECSR, also explained
with two cases, the right to strike of police personnel and, again, the reforms
to face the crisis. This internal situation is exploited and cleverly used
by the community institutions and the condemned States
in the cases in which they present points in common with the first of them to
further undermine the European Social Charter and, therefore, its organ.
And with that, from my point of view, the
international panorama is that of «three Europes». The lack of uniformity
between the three organizations makes it difficult to build a harmonized social
Europe with equivalent protection standards. In principle, it is an objective
to achieve, devoid of interest if the referenced issues are addressed.
While this situation continues, the proposed solution
is to accept the existence of different compatible levels of protection,
complementary and inexcusable compliance by all the subjects involved. The
opposition and rejection of it by part of government officials must be overcome
in the judicial field, highlighting the transcendental and exemplary doctrine of
the first and second judicial instance, based on the hierarchical articulation
of the sources, the principle of favor libertatis and the conventionality control.
Progress in this regard is more than remarkable, not
only in our country, but also in the rest, demonstrating that, not only is it
feasible, but that, in addition, it is the obligatory and correct organization
of the norms if the assumptions of Spain and Greece are examined.
With regard to the first, the state of affairs is
reported since the first ruling of the social jurisdictional order was issued
in 2013, which resolved a favourable claim based on a precept of the Treaty
(art. 4.4 of the European Social Charter and the jurisprudence issued
regarding the delimitation of its content by the ECSR,
specifically regarding the one-year trial period of the support contract for
entrepreneurs. Far from being an isolated pronouncement, other judgements
followed throughout 2014 and 2015, not only in matters that addressed the same conflict but also in others,
specifically, the decoupling of pension revaluation based on the consumer price
index (art. 12.3 of the European Social Charter) and the characterization of
the localized guards as working time (art. 2.1 of the EuropeanSocialCharter).
In this sense, the one issued in relation to the last topic (Judgement of the
Social Court No. 3 of Barcelona of October 27, 2015) is particularly analysed
as a model of impeccable and adequate understanding of the subject, which,
despite its relevance, has had little impact.
Although some of the first instance pronouncements
have been revoked by the following one, more remiss to the recognition of the
effect «self-executing» of the Treaties and, much more, of the European Social
Charter, during the year 2016 and early 2017 some Superior Courts of Justice
have continued the interpretation, failing categorically in terms of their linkage,
direct effect, as well as considering the pronouncements of the ECSR as
«jurisprudence».
The article ends with the examination of the first
sentence in Greece that has followed the pointed line of our country, No.
3220/2017 of the Court of First Instance of Piraeus, transcendental, historical
and unprecedented to conclude forcefully that, after the ratification of the
revised version, dismissal without cause is incompatible with art. 24 of the European
Social Charter and that, from that moment on, the courts must, in each case
submitted to them, verify the existence of a motive
and, in its absence, consider it as null and void for violating the
hierarchically superior norm.
Palabras clave: derechos sociales, crisis, derecho internacional, Consejo de Europea,
protección multinivel, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unión Europea,
jurisprudencia europea.
Keywords: Social rights; crisis; international law, Council of
Europe; multilevel protection; European Court of Human Rights; European Union;
European jurisprudence.
