SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 17 de marzo de
2022 (*)
«Procedimiento prejudicial —
Política social — Directiva 2008/104/CE — Trabajo a través de empresas de
trabajo temporal — Artículo 1, apartado 1 — Puesta a disposición “de manera
temporal” — Concepto — Ocupación de un puesto que tenga carácter permanente —
Artículo 5, apartado 5 — Cesiones sucesivas — Artículo 10 — Sanciones —
Artículo 11 — Excepciones establecidas por los interlocutores sociales al
período máximo previsto por el legislador nacional»
En el asunto C‑232/20,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
(Tribunal Regional de lo Laboral de Berlín-Brandeburgo, Alemania), mediante
resolución de 13 de mayo de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de
junio de 2020, en el procedimiento entre
NP y Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin,
el Tribunal de Justicia (Sala
Segunda) declara:
1) El artículo 1, apartado 1, de la
Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, debe
interpretarse en el sentido de que la expresión «de manera temporal», recogida
en dicha disposición, no se opone a la cesión de un trabajador que tenga un
contrato de trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal
a una empresa usuaria para cubrir un puesto que tenga carácter permanente y que
no sea ocupado para realizar una sustitución.
2) Los artículos 1, apartado 1, y 5,
apartado 5, de la Directiva 2008/104 deben interpretarse en el sentido de que
constituye un uso abusivo de la posibilidad de llevar a cabo cesiones sucesivas
de un trabajador de una empresa de trabajo temporal la renovación de tales
cesiones para un mismo puesto en una empresa usuaria durante 55 meses, en el
supuesto de que las sucesivas misiones del mismo trabajador cedido por una
empresa de trabajo temporal a la misma empresa usuaria den lugar a un período
de actividad en esta empresa más largo que el que cabe calificar razonablemente
de «temporal», a la vista de todas las circunstancias pertinentes, que
incluyen, entre otras, las particularidades del sector, y en el contexto del
marco normativo nacional, sin que se facilite ninguna explicación objetiva
sobre el hecho de que la empresa usuaria de que se trate recurra a una serie de
contratos de trabajo sucesivos a través de una empresa de trabajo temporal,
extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente.
3) La Directiva 2008/104 debe interpretarse
en el sentido de que se opone a una normativa nacional que fija un período
máximo de puesta a disposición del mismo trabajador cedido por una empresa de
trabajo temporal a la misma empresa usuaria cuando dicha normativa excluya,
mediante una disposición transitoria, a efectos del cálculo de ese período, el
cómputo de los períodos anteriores a la entrada en vigor de esa normativa,
privando al órgano jurisdiccional nacional de la posibilidad de tener en cuenta
la duración real de la puesta a disposición de un trabajador cedido por una
empresa de trabajo temporal a efectos de determinar si dicha puesta a
disposición tuvo carácter «temporal», en el sentido de la citada Directiva,
extremo que corresponde determinar a dicho órgano jurisdiccional. Un órgano
jurisdiccional nacional que conoce de un litigio exclusivamente entre
particulares no está obligado, basándose únicamente en el Derecho de la Unión,
a abstenerse de aplicar tal disposición transitoria contraria al Derecho de la
Unión.
4) El artículo 10, apartado 1, de la
Directiva 2008/104 debe interpretarse en el sentido de que, a falta de una
disposición de Derecho nacional que sancione el incumplimiento de esa Directiva
por las empresas de trabajo temporal o por las empresas usuarias, el trabajador
cedido por una empresa de trabajo temporal no puede deducir del Derecho de la
Unión un derecho subjetivo al establecimiento de una relación laboral con la empresa
usuaria.
5) La Directiva 2008/104 debe interpretarse
en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite a los
interlocutores sociales establecer excepciones, al nivel del sector de las
empresas usuarias, al período máximo de puesta a disposición de un trabajador
cedido por una empresa de trabajo temporal fijado por dicha normativa.
