viernes, 13 de julio de 2018

Sentencia Banger de 12 de julio de 2018


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 12 de julio de 2018 (*)

«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Artículo 21 TFUE — Derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de la Unión — Directiva 2004/38/CE — Artículo 3, apartado 2, párrafo primero, letra b) — Pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada — Regreso al Estado miembro del que es nacional el ciudadano de la Unión — Solicitud de autorización de residencia — Estudio detenido de las circunstancias personales del solicitante — Artículos 15 y 31 — Tutela judicial efectiva — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47»

En el asunto C89/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunal Superior de lo ContenciosoAdministrativo (Sala de Inmigración y Asilo), Reino Unido], mediante resolución de 20 de enero de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de febrero de 2017, en el procedimiento entre

Secretary of State for the Home Department y Rozanne Banger,

el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1)      El artículo 21 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que obliga al Estado miembro del que es nacional un ciudadano de la Unión a facilitar la concesión de una autorización de residencia a la pareja no registrada, nacional de un tercer Estado, con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada, cuando dicho ciudadano de la Unión regresa con ella al Estado miembro del que es nacional para residir en este tras haber ejercido su derecho de libre circulación para trabajar en un segundo Estado miembro, conforme a los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

2)      El artículo 21 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que una resolución por la que se deniega la concesión de una autorización de residencia a la pareja no registrada, nacional de un tercer Estado, de un ciudadano de la Unión que regresa con ella al Estado miembro del que es nacional para residir en este tras haber ejercido su derecho de libre circulación, conforme a los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38, debe basarse en un estudio detenido de las circunstancias personales del solicitante y estar motivada.

3)      El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que los nacionales de terceros países contemplados en esa disposición deben tener una vía de recurso para impugnar una resolución por la que se les deniegue la concesión de una autorización de residencia, tras cuyo ejercicio el juez nacional debe poder comprobar si la resolución denegatoria tiene una base fáctica suficientemente sólida y si se han respetado las garantías de procedimiento. Entre estas garantías figura la obligación de las autoridades nacionales competentes de estudiar detenidamente las circunstancias personales del solicitante y de motivar toda denegación de entrada o residencia.


Sentencia Somoza Hermo de 11 de julio de 2018


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 11 de julio de 2018 (*)

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 —Transmisión de empresa — Artículo 3, apartado 1 — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Subrogación en los contratos de trabajo por imperativo de lo pactado en un convenio colectivo — Convenio colectivo que excluye la obligación de que el cedente y el cesionario de la empresa respondan solidariamente de las obligaciones, incluidas las salariales, derivadas de los contratos de trabajo antes de la transmisión de dicha empresa»

En el asunto C–60/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante auto de 30 de diciembre de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 6 de febrero de 2017, en el procedimiento entre

Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad, S.A., y Esabe Vigilancia, S.A., Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:

1)      El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de [transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que esta Directiva se aplica a una situación en la que un arrendatario de servicios ha resuelto el contrato de prestación de servicios de vigilancia de instalaciones celebrado con una empresa y, a efectos de la ejecución de la prestación, ha celebrado un nuevo contrato con otra empresa que se hace cargo, en virtud de un convenio colectivo, de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que la primera empresa destinaba a la ejecución de dicha prestación, siempre y cuando la operación vaya acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las dos empresas afectadas.

2)      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente para responder a la segunda cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante resolución de 30 de diciembre de 2016.


jueves, 28 de junio de 2018

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NILS WAHL presentadas el 28 de junio de 2018

Asunto C147/17
Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas, Silvica Jianu, Dumitra Bocu, Cader Aziz, Georgeta Crângaşu, Sema Cutlacai contra Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Constanţa (Tribunal Superior de Constanţa, Rumanía)]

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/88/CE — Tiempo de trabajo — Alcance — Concepto de trabajador — Padres de acogida — Exclusión»

A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Curtea de Apel Constanţa (Tribunal Superior de Constanţa, Rumanía) del siguiente modo:

«El concepto de “trabajador” debe interpretarse en el sentido de que padres de acogida como los del litigio principal no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.»

STJ Checa Honrado de 28 de junio de 2018


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 28 de junio de 2018 (*)

«Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — Artículo 3, párrafo primero — Pago asumido por la institución de garantía — Indemnizaciones debidas al término de la relación laboral — Traslado del lugar de trabajo que exige un cambio de residencia del trabajador — Modificación de un elemento esencial del contrato de trabajo — Extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador — Principio de igualdad y no discriminación»

En el asunto C57/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, mediante auto de 19 de enero de 2017, recibido en el Tribunal de Justicia el 3 de febrero de 2017, en el procedimiento entre

Eva Soraya Checa Honrado y Fondo de Garantía Salarial,

el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:

El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, debe interpretarse en el sentido de que cuando, según la normativa nacional de que se trate, determinadas indemnizaciones legales debidas por la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador y las debidas en caso de despido por causas objetivas, como las contempladas por el órgano jurisdiccional remitente, estén comprendidas en el concepto de «indemnizaciones debidas al término de la relación laboral» en el sentido de la referida disposición, las indemnizaciones legales debidas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador a causa del traslado del lugar de trabajo por decisión del empresario, traslado que obliga al trabajador a cambiar su lugar de residencia, también deben incluirse en dicho concepto.



Sentencia Crespo Rey de 28 de junio de 2018

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 28 de junio de 2018 (*)

«Procedimiento prejudicial — Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Anexo XI, rúbrica “España”, punto 2 — Pensión de jubilación — Modo de cálculo — Importe teórico — Base de cotización pertinente — Convenio especial — Elección de la base de cotización — Normativa nacional que obliga al trabajador a cotizar con arreglo a la base mínima de cotización»

En el asunto C2/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante auto de 13 de diciembre de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 2 de enero de 2017, en el procedimiento entre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Jesús Crespo Rey, con intervención de Tesorería General de la Seguridad Social,

el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:

El Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, rubricado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la analizada en el litigio principal, que obliga al trabajador migrante que suscribe un convenio especial con la seguridad social de ese Estado miembro a cotizar con arreglo a la base mínima de cotización, de forma que, al calcular el importe teórico de su pensión de jubilación, la institución competente de dicho Estado miembro equipara el período cubierto por este convenio a un período realizado en ese mismo Estado miembro y solo toma en consideración, a efectos de ese cálculo, las cuotas abonadas en el marco de dicho convenio, incluso cuando, antes de ejercer su derecho a la libre circulación, dicho trabajador hubiera cotizado en el Estado miembro en cuestión con arreglo a bases superiores a la base mínima de cotización y cuando un trabajador sedentario que no hizo uso de su derecho a la libre circulación y que suscribe tal convenio dispone de la facultad de cotizar con arreglo a bases superiores a la base mínima de cotización.


martes, 26 de junio de 2018

Sentencia MB de 26 de junio de 2018


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 26 de junio de 2018 (*)

«Procedimiento prejudicial — Directiva 79/7/CEE — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Régimen nacional de pensiones del Estado — Requisitos para el reconocimiento del cambio de sexo — Normativa nacional que supedita este reconocimiento a la anulación de un matrimonio anterior al cambio de sexo — Denegación de una pensión estatal de jubilación a una persona que ha cambiado de sexo a partir de la edad de jubilación de las personas del sexo adquirido — Discriminación directa por razón de sexo»

En el asunto C451/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido), mediante resolución de 10 de agosto de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de agosto de 2016, en el procedimiento entre

MB y Secretary of State for Work and Pensions,

el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, en particular su artículo 4, apartado 1, primer guion, en relación con sus artículos 3, apartado 1, letra a), tercer guion, y 7, apartado 1, letra a), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que exige que una persona que ha cambiado de sexo cumpla no solo criterios de carácter físico, social y psicológico, sino también el requisito de no estar casada con una persona del sexo que ha adquirido a raíz del cambio de sexo, para poder optar a una pensión estatal de jubilación a partir de la edad legal de jubilación de las personas del sexo adquirido.


viernes, 22 de junio de 2018

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON presentadas el 21 de junio de 2018

Asuntos acumulados C‑61/17 a C‑62/17 y C‑72/17
Miriam Bichat (C‑61/17), Daniela Chlubna (C‑62/17), Isabelle Walkner (C‑72/17) contra Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesarbeitsgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Laboral de Berlín, Alemania)]

«Procedimiento prejudicial — Política social — Despidos colectivos — Directiva 98/59/CE — Artículo 2, apartado 4 — Concepto de empresa que ejerza el control sobre el empresario — Procedimientos de consulta a los trabajadores — Carga de la prueba»

Por todo lo expuesto anteriormente, considero que la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Landesarbeitsgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Laboral de Berlín, Alemania) debe ser como sigue:

«1)      El artículo 2, apartado 4, de la Directiva 98/59/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos debe interpretarse en el sentido de que el concepto de empresa que ejerce el control a los efectos de dicha disposición debe entenderse en relación con la empresa (si existe) que adopte una decisión estratégica o comercial que obligue al empresario a examinar o a proyectar despidos colectivos. No solo no hace falta que dicha empresa controle al empresario de iure,sino que además puede ser una empresa que controle al empresario de facto. No obstante, una empresa de ese tipo no incluirá a las empresas que mantengan sus distancias con el empresario, como un proveedor o un cliente cuya conducta pueda tener impacto en el negocio del empresario. Más bien, el empresario y la empresa que tiene un control de facto sobre él deben compartir los mismos intereses comerciales en forma de una relación contractual o fáctica, representada por una participación patrimonial común. Dicha participación no tiene por qué adoptar la forma de propiedad legal. Puede ser directa o indirecta y no hay necesidad de que sea exclusiva. Bastará la titularidad parcial de dicha participación. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente para examinar y pronunciarse sobre la base de las pruebas determinar si esa participación es o no suficiente para equipararse al control a los efectos del artículo 2, apartado 4, en un caso concreto.

2)      El empresario está obligado a iniciar el procedimiento de consulta previsto en la Directiva 98/59 cuando tenga conocimiento de la adopción de una decisión estratégica o de un cambio de actividad que le obliguen a examinar o a proyectar despidos colectivos. Cuando exista una «empresa que ejerza el control sobre [el empresario]» a los efectos del artículo 2, apartado 4, de dicha Directiva, la imposición por parte de dicha empresa al empresario de lo que equivale a condiciones que hagan económicamente necesario que este último realice despidos colectivos le obligará a iniciar el procedimiento de consulta si no lo había hecho ya.

3)      El artículo 2, apartado 3, de la Directiva 98/59 debe interpretarse en el sentido de que exige al empresario, en un supuesto en el que, con arreglo al artículo 2, apartado 4, la decisión relativa a los despidos colectivos sea tomada por una empresa que ejerza el control sobre el empresario, revelar los motivos económicos o de otra naturaleza en virtud de los cuales la empresa que ejerce el control ha tomado las decisiones que han conducido a que se plantearan los despidos colectivos. Sin embargo, el deber de divulgación no será de aplicación cuando los datos en cuestión no sirvan al objetivo de permitir que los representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas en relación con los despidos proyectados. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente para averiguar los hechos decidir sobre la aplicación de los principios pertinentes en cada procedimiento concreto.

4)      El artículo 6 de la Directiva 98/59 debe interpretarse en el sentido de que los trabajadores y sus representantes deberán poder hacer cumplir sus derechos otorgados por la Directiva del mismo modo en que podrían hacer cumplir derechos equivalentes con arreglo al Derecho nacional. La regulación procesal pertinente no debe estar formulada de manera que haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de esos derechos. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente para examinar y pronunciarse sobre la base de las pruebas garantizar el cumplimiento de los principios de equivalencia y de efectividad y de la exigencia bajo el Derecho de la Unión de una tutela judicial efectiva de tales derechos. En caso de que las normas aplicables establecidas en el Derecho nacional no reflejen estos principios, deberán ser anuladas. Esto sucederá cuando, inter alia, dichas normas exijan a los representantes de los trabajadores que pretendan impugnar los despidos colectivos que prueben elementos respecto de los cuales no se puede esperar en la práctica que tengan acceso a la información necesaria para hacerlo.»