SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 20 de diciembre de
2017 (*)
«Procedimiento prejudicial —
Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el
CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — Principio de no
discriminación — Concepto de “condiciones de trabajo” — Reconocimiento de la
situación administrativa de servicios especiales — Norma nacional que prevé que
se declare en la situación de servicios especiales, en caso de ser elegidos
para desempeñar un cargo público, únicamente a los funcionarios de carrera y
excluye a los funcionarios interinos»
En el asunto C‑158/16,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 1 de Oviedo (Asturias), mediante auto de 1 de marzo de 2016, recibido en el
Tribunal de Justicia el 16 de marzo de 2016, en el procedimiento entre
Margarita Isabel Vega González y Consejería de Hacienda y Sector
Público del Gobierno del Principado de Asturias,
el Tribunal de Justicia (Sala
Décima) declara:
1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo
marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de
1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de
junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el
trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que el
concepto de «condiciones de trabajo», recogido en esa disposición, incluye el
derecho de un trabajador que ha sido elegido para desempeñar un mandato
parlamentario a un permiso especial, previsto por la normativa nacional, en
virtud del cual se suspende la relación de trabajo, de modo que se garantiza el
mantenimiento del puesto de dicho trabajador y su derecho a la promoción hasta
que expire su mandato parlamentario.
2) La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva
1999/70, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional,
como la controvertida en el litigio principal, que excluye de manera absoluta
la concesión a un trabajador con contrato de duración determinada, a efectos de
desempeñar un cargo político representativo, de un permiso en virtud del cual
la relación de trabajo se suspende hasta la reincorporación de este trabajador
al dejar de desempeñar el mencionado cargo, mientras que reconoce este derecho
a los trabajadores fijos.
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