SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 19 de abril de
2016 (*)
«Procedimiento prejudicial —
Política social — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea —
Directiva 2000/78/CE — Principio de no discriminación por razón de la edad —
Normativa nacional opuesta a una Directiva — Posibilidad de que un particular
reclame la responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la Unión —
Litigio entre particulares — Ponderación de los distintos derechos y principios
— Principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima —
Función del juez nacional»
En el asunto C‑441/14,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Højesteret (Tribunal Supremo, Dinamarca),
mediante resolución de 22 de septiembre de 2014, recibida en el Tribunal de
Justicia el 24 de septiembre de 2014, en el procedimiento entre
Dansk Industri (DI), actuando en representación de Ajos A/S, y Sucesores
de Karsten Eigil Rasmussen,
el Tribunal de Justicia (Gran
Sala) declara:
1) El principio general de no discriminación
por razón de la edad, tal como lo concreta la Directiva 2000/78/CE del Consejo,
de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el
sentido de que, también en un litigio entre particulares, se opone a una
normativa nacional, como la debatida en el procedimiento principal, en virtud
de la cual un trabajador no puede percibir una indemnización por despido si
tiene derecho a una pensión de jubilación pagada por su empresario con arreglo
a un plan de pensiones al que se ha incorporado antes de cumplir 50 años, con
independencia de si opta por permanecer en el mercado de trabajo o por
jubilarse.
2) El Derecho de la Unión debe ser
interpretado en el sentido de que incumbe al órgano jurisdiccional nacional que
conoce de un litigio entre particulares comprendido en el ámbito de aplicación
de la Directiva 2000/78, cuando aplica las normas de su Derecho nacional,
interpretarlas de manera que puedan aplicarse de conformidad con dicha
Directiva o, si tal interpretación conforme es imposible, dejar inaplicados, en
caso necesario, cualesquiera preceptos del Derecho nacional que sean contrarios
al principio general de no discriminación por razón de la edad. Ni los
principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, ni
la posibilidad de que el particular que se considere lesionado por la
aplicación de una norma nacional contraria al Derecho de la Unión reclame la
responsabilidad del Estado miembro de que se trate por infracción del Derecho
de la Unión pueden hacer que se cuestione dicha obligación.
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