EL EMPLEO PÚBLICO
TEMPORAL EN LA DIRECTIVA 1999/70/CE Y EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL SOBRE EMPLEO TEMPORAL
Publicado en la Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 127, 2017
David
Ordóñez Solís[1]
Magistrado, doctor en
Derecho y miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea
Resumen:
La Directiva sobre el trabajo de duración determinada se aplica también al
empleo público. El Tribunal de Justicia ha interpretado la Directiva en más de
30 sentencias prejudiciales procedentes en su mayoría de jueces griegos,
italianos y españoles. Por una parte, ha subrayado el efecto directo del
principio que prohíbe la discriminación entre el personal fijo y el personal temporal
en las condiciones de trabajo lo que se ha traducido en la equiparación en
materia de trienios, sexenios, méritos o indemnizaciones por cese. Por otra
parte, ha exigido que las legislaciones nacionales establezcan alguna de las
medidas precisas para luchar contra el abuso de la contratación temporal:
razones objetivas que justifiquen la renovación de estos contratos, la duración
total máxima de contratos sucesivos o el número de renovaciones. Esto supone
que, a falta de legislación apropiada de transposición, el juez nacional debe
buscar soluciones efectivas, equivalentes y disuasorias, como pudiera ser la
conversión de los empleos temporales, tanto de laborales como de funcionario,
en indefinidos no fijos. La transposición legislativa de la Directiva en ningún
caso puede suponer una regresión en la protección social.
Abstract: Council Directive on fixed-term work is also applied
to public services. The Court of Justice has interpreted this Directive through
more than 30 judgments, almost of them answering questions referred by Greek,
Italian and Spanish Judges. On one hand, it remarked the direct effect of the
principle that prevents discrimination between permanent and fixed-term workers
on the employment conditions, i.e., three-yearly
length-of-service increments, training requirements or even compensation for
termination of the employment contract, if these are granted to permanent
workers. On the other hand, it stated that national legislations must require,
with a view to preventing abuse of successive fixed-term employment contracts, one
of these measures related to objective reasons justifying the renewal of such
contracts, the maximum total duration of successive contracts, and the number
of renewals. In absence of implementation of the Directive, national courts
must determine whether these requirements are met by the provisions of the
applicable national legislation and that must apply effective, equivalent and
deterrent remedies, as the conversion of temporal contracts, even for civil
servants, into ‘a non-permanent contract of indefinite duration’. The
implementation of this Directive cannot reduce the protection which workers are
guaranteed in the sphere of fixed-term contracts.
Palabras clave:
Derecho administrativo, Derecho laboral, Directiva, Empleo público, Funcionario,
Condiciones de trabajo, Trabajo temporal.
Keywords: Administrative Law, Civil Servant, Directive, Employment
Conditions, Fixed-term Work, Social Law.
[1] El presente trabajo se realiza en el marco del Proyecto de
investigación “La adaptación del ordenamiento español a la jurisprudencia
social del Tribunal de Justicia”, RETOS 2015 (2015-PN139) Ref. DER2015-66922-R,
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
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